Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C.
Participa CNNM en ciclo de conferencias sobre Miscelánea Mercantil de la Secretaría
de Economía

  El notario Javier Pérez Almaraz, Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, participó el pasado 10 de julio con la representación institucional del notariado mexicano, en el ciclo de conferencias sobre Miscelánea Mercantil organizado por la Secretaría de Economía.

En el evento, que tuvo por tema la “Modernización de la regulación de las sociedades mercantiles y del sistema de garantías mobiliarias”, concurrieron otros ponentes como la Lic. Elsa Regina Ayala Gómez, Directora General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía; el Lic. José Octavio Gómez González, Administrador de Operación Aduanera del Servicio de
Administración Tributaria; el Lic. Paulo Magaña Rodríguez, Presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana y el Lic. Omar Guerrero Rodríguez, Socio de Barrera, Siqueiros y Torres Landa.

Durante su presentación, el notario Pérez Almaraz analizó diversos aspectos de la reforma mercantil desde el punto de vista notarial. “Esta reforma tiene sin duda muchos más puntos positivos que negativos, pues simplifica muchas de las actividades y aclara aspectos que resultaban dudosos o no estaban regulados en la ley; además de que permite una mejor operación de las sociedades, más económica y segura para los accionistas”, señaló.

Es positiva, destacó, la inclusión de algunas modificaciones al artículo 91 de la Ley de Sociedades Mercantiles que permiten de manera más clara señalar restricciones en la transmisión de acciones, así como la exclusión de socios o el derecho de retiro como accionistas de la sociedad.

Con frecuencia se nos plantea a los notarios qué hacer con un accionista que no participa en asambleas u otras actividades de la misma; hasta antes de la reforma no había posibilidad de excluirlo sin llevar a cabo un procedimiento judicial que resultaba complicado y costoso. Con esta modificación los notarios y los corredores deberemos poner mucha atención en asesorar a los socios para incluir estas menciones en los estatutos sociales de las sociedades, puntualizó Pérez Almaraz.

Otro aspecto favorable de la reforma, subrayó, es la creación de un sistema electrónico de la Secretaría de Economía para publicar la convocatoria de las asambleas de accionistas y en general, todas las publicaciones previstas. Esto sin lugar a duda reducirá los costos de operación de muchas sociedades.

En referencia a la protección de los derechos de las minorías en la Sociedad Anónima, continuó, consideramos que la reforma es positiva. “Hablamos de la posibilidad de que accionistas que representen el 25% de capital social puedan, en el caso del artículo 163 de la Ley de Sociedades Mercantiles, ejercer
 
acción de responsabilidad civil en contra del órgano de administración de la sociedad. Asimismo, en el caso del 199, que puedan solicitar el aplazamiento de una asamblea si no se consideran suficientemente informados sobre algún tema de la misma. Por último, en el artículo 201, la posibilidad de realizar una oposición judicial para oponerse a las resoluciones tomadas en la asamblea”, señaló Pérez Almaraz.

Sin embargo, afirmó, esta reforma quedó trunca, ya que no se consideró una modificación similar al artículo 184 de la ley, el cual señala que los accionistas que representen por lo menos el 33% del capital social, y no el 25% como la señala la reforma, podrán pedir por escrito en cualquier tiempo al administrador o consejo de administración, la convocatoria de una asamblea de accionistas. De esta manera, hay una inconsistencia en este último artículo con respecto a la reforma.

La modificación al artículo 194 de la Ley de Sociedades Mercantiles, continuó Pérez Almaraz, es importante porque brinda mayor seguridad jurídica. “El artículo 21 del Código de Comercio es el que nos señala los actos jurídicos que deben inscribirse en el folio mercantil de una sociedad. En su fracción V señala que deben inscribirse los instrumentos públicos en los que se hagan constar la constitución, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución y la liquidación de sociedades. Por su parte, la fracción XII incluye el cambio de denominación, de domicilio, objeto social, prórroga de duración y los aumentos o disminuciones de capital en la parte fija”, comentó el Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.


  “Solo estos supuestos implicaban la inscripción de asambleas extraordinarias de accionistas, pero no existía en el código de comercio, ninguna disposición que obligara a la inscripción de asambleas extraordinarias de accionistas. En general, veíamos aquí un gran peligro en la operación de las sociedades, tanto en la seguridad jurídica para acreedores como para los propios accionistas, al no existir una disposición que señalara que las asambleas extraordinarias debían inscribirse independientemente del tipo de acuerdo que se fuera a tomar. Ahora esta disposición del 194, en su último párrafo, dice que las actas de las asambleas extraordinarias serán
protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el registro público de comercio”, explicó.

Por último, el Lic. Pérez Almaraz destacó dos temas que desde el punto de vista del notariado requieren atención. En primer lugar, señaló, consideramos que es un riesgo la posibilidad de aumentar o disminuir el capital de las sociedades mercantiles en la parte variable, ya que este aumento de capital no está incluido en el catálogo de avisos que debemos presentar los fedatarios, lo cual representa un espacio sin supervisión que abre posibilidades al lavado de dinero. De hecho, continuó Pérez Almaraz, diversos autores se inclinan por regular de otro modo el capital variable en la legislación o bien manejar un capital autorizado, e inclusive, como solución mas radical, suprimir definitivamente el capital variable.

En segundo lugar, consideró el notario Pérez Almaraz, falta simplificar la ley en relación a la disolución y liquidación de la sociedad anónima. “Hace algunos años se modificó el Reglamento del Código Fiscal de la Federación y se suprimió la posibilidad de que las sociedades den aviso de suspensión de actividades, ya que el SAT consideraba que se presentaban avisos de suspensión fraudulentos, en los que la sociedad seguía operando sin notificar de sus actividades al SAT. El único camino que queda, entonces, es la disolución y liquidación que genera importantes costos para los accionistas a pesar de que el negocio emprendido no resulte viable.
 
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